• Quedaron a disposición del Juez de Control por el delito cometido en agravio del ejido Copoya de Tuxtla Gutiérrez; podrían alcanzar hasta nueve años de prisión.
Por: Escena Chiapas/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que el fiscal del Ministerio Público, en coordinación con la Policía Especializada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), trasladó a 22 personas detenidas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14 El Amate, para ponerlas a disposición del Juez de Control por el delito de despojo agravado cometido en agravio del ejido Copoya del municipio de Tuxtla Gutiérrez.
La autoridad jurisdiccional de Control para la Atención de Delitos Graves calificó de legal la detención y determinó procedente la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el fiscal del Ministerio Público en contra de Jesús Antonio “N”, Ramiro “N”, José Antonio “N”, Mariano “N”, René “N”, Rodolfo “N”, Luis Ángel “N”, Vani Javier “N”, Francisco Daniel y/o Darinel “N”, Jeovanni.
Así como de Jesús “N”, Joel Eduardo “N”, Óscar Andrey “N”, José Alexis “N”, Rafael “N”, Alejandra “N”, Flor María “N” y/o Flor “N”, Cristian “N”, Francisco “N”, Luis Antonio “N”, Alfonso Eduardo “N”, Mario Tomás “N” y Doyman y/o Doyma “N”.
Asimismo, se decretó la libertad bajo reservas de ley a Domitilo “N”, Marco Antonio “N”, Humberto “N”, Plácido “N”, Pedro Patricio “N” y Ángel Gustavo “N”.
De acuerdo con la Carpeta de Investigación 3135-101-0101-2017, los inculpados se posesionaron de manera violenta del predio mencionado, por lo que el pasado 12 de abril esta Fiscalía realizó el operativo de restitución del mismo, siendo detenidos en flagrancia por el delito de despojo agravado en agravio del mencionado predio ubicado en el ejido Copoya, sobre el Nuevo Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.
Actualmente los inculpados se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica por el delito que se les atribuye y por el que podrían alcanzar una pena de hasta nueve años de prisión.
Todas estas personas han sido asistidas legalmente con respeto a sus derechos fundamentales y en el marco del debido proceso y principio de legalidad, por lo que tras integrarse la carpeta de investigación fueron presentadas ante la autoridad que controla la actuación policial y ministerial, con el fin de realizar la formulación de imputación y ser vinculados a un proceso penal en el que se garanticen los derechos de la parte afectada.
Con estas acciones legales la Fiscalía General del Estado que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca cumple con su función de investigar los hechos y se compromete a defender por los causes legales la salvaguarda del Estado de derecho para la pacífica convivencia de la población y que quien se aparte de la Ley responda por su conducta antisocial.
Asimismo, expresa de manera enérgica que a petición del pueblo de Chiapas y cumpliendo con la obligación que impone la Constitución, no habrá impunidad a cualquier acto de violencia en la entidad.
