• El gobernador y el procurador fiscal de la Federación encabezan esfuerzos contra la evasión y defraudación fiscal
• Se marca una diferencia entre los gobiernos del pasado y los actuales, aseguró el mandatario
• Romero Aranda destacó la disposición del Gobierno de Chiapas para investigar, combatir y sancionar a quien evada sus obligaciones fiscales
Por: Escena Chiapas/
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Romero Aranda, firmaron el Convenio específico de adhesión en materia de investigación de hechos relacionados con la probable comisión de delitos fiscales y financieros, a través del cual se combate la corrupción con inteligencia y legalidad, se favorece la recaudación fiscal y fortalecen las finanzas públicas.
Ante la administradora general de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, Rosalinda López Hernández, y el subprocurador de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Víctor Manuel Martínez Contreras, el mandatario aseveró que junto al Gobierno de México se ha emprendido un trabajo decidido contra la corrupción y la impunidad, y este convenio marca una diferencia entre los gobiernos del pasado y los actuales.
“Buscamos erradicar las malas prácticas y la defraudación de hacienda estatal y federal, que es el dinero del pueblo, son recursos que deben invetirse en políticas de bienestar. No permitiremos que la relación sin transparencia entre malos funcionarios y personas que se han aprovechado de la entidad y el país, siga sucediendo. No hay otra forma de salir adelante que caminar correctamente, de acuerdo con las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló.
Por su parte, Carlos Romero Aranda reconoció la disposición del Gobierno de Chiapas en la conformación de este acuerdo que tendrá la facultad de aplicar herramientas legales necesarias para investigar, combatir y sancionar a quienes permanente y reiteradamente evaden sus obligaciones fiscales; de esta manera, apuntó, se ratifica el firme compromiso con la procuración de justicia, la seguridad y el bienestar de la población.
“Con este convenio, esos delincuentes que hasta hoy dormían tranquilos en total impunidad, serán investigados, castigados y llevados a juicio para responder por los delitos que cometieron en contra de la sociedad. Nuestro deber es claro, actuar con rapidez y con todo el peso de la ley”, afirmó.
En tanto, el secretario de Hacienda estatal, Javier Jimenez Jiménez, explicó que con esta firma el Gobierno de Chiapas se compromete a remitir toda la información que posea sobre actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas, para que la autoridad hacendaria, por conducto de la Procuraduría Fiscal Federal, presente las denuncias y formule las querellas o acusaciones penales ante tribunales federales.
Agregó que uno de los grandes beneficios es que la cobranza que se realice con motivo de los procedimientos penales, será a favor de Chiapas, ya que el pago de contribuciones de los sujetos de investigación, incrementará la recaudación participable del estado. “Nos convoca a sumar esfuerzos y capacidades para combatir la evasión fiscal, recuperar recursos que han sido defraudados y destinarlos a las necesidades de la población”.
Al resaltar que de esta forma se fortalece aún más el Estado de Derecho que el gobierno de Rutilio Escandón impulsa en la entidad, el presidente del Grupo Farrera, Rómulo Farrera Escudero, celebró también el Decreto de Frontera Sur, mediante el cual, dijo, se podrán dar pasos firmes hacia un Chiapas más competitivo, que propicie inversión y fuentes de trabajo.
En este acto, las autoridades federales y estatales abordaron los beneficios que trae para Chiapas el Decreto de Frontera Sur, el cual favorecerá a 18 municipios de la entidad respecto a la reducción de impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR), así como estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas.
Asistieron: el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Octavio García Macías; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios.
