En el marco del ‘Encuentro Nacional de Buenas Prácticas de Mejora Regulatoria en el Combate a la Corrupción’, realizado por primera vez en la entidad, se reconoció el trabajo coordinado entre la Secretaría de Economía y del Trabajo, el Sistema Anticorrupción y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado, en la conformación del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, el cual, contempla una serie estrategias y acciones que fomentan la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, teniendo como uno de los ejes importantes a la mejora regulatoria.
Dicho evento fue encabezado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y tuvo lugar en la Ciudad Capital del Estado. Ahí el secretario de Economía y del Trabajo (SEyT), Carlos Salazar Estrada, destacó que los avances que se han tenido en la implementación de la política pública de mejora regulatoria, que han ayudado de manera directa a las acciones que el Gobierno Estatal realiza en el Combate a la Corrupción.
Así mismo, indicó que de acuerdo a un análisis implementado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), en poco más de cinco años de la actual administración estatal se logró disminuir el costo económico social que generan los trámites y servicios en más de 2 mil millones de pesos, lo que representa un ahorro significativo para las y los ciudadanos.
Añadió que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a nivel nacional las unidades económicas experimentaron costos monetarios de cumplimiento de sus regulaciones por un monto estimado de 238.9 mil millones de pesos en 2020, equivalente al 1 por ciento del PIB nacional.
De igual forma, subrayó que los costos de las unidades económicas por actos de corrupción por parte de servidores públicos se estimaron en 5.4 millones de pesos y el costo promedio de corrupción por unidad económica durante el mismo período 2020, fue de 7,250 pesos, este mismo estudiorevela que la percepción de las unidades económicas sobre la frecuencia de actos de corrupción en Chiapas es del 25.6 por ciento con respecto al 71.5 por ciento a nivel nacional.
Durante el acto, ante los responsables de las políticas públicas de Mejora Regulatoria de la Región Sureste y Centro, el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ponderó la coordinación de esfuerzos que se realizó desde el inicio de su administración en materia de transparencia y eficiencia en la gestión pública. “Eso nos da la oportunidad de seguir aportando para el bienestar del pueblo, porque ha crecido el presupuesto y eso nos compromete a seguir teniendo finanzas sanas para seguir trabajando para todas y todos, con el ánimo de construir una mejor calidad de vida para las y los chiapanecos”, apuntó el mandatario.
Destacó que al disminuir de manera importante los actos de corrupción, se fortalece la recaudación obteniendo mayor ingreso y confianza de la ciudadanía en sus instituciones, y eso significa que las estrategias instrumentadas en el combate a la corrupción han hecho posible que tengamos más oportunidades y mayores inversiones y crecimiento económico a favor de la ciudadanía”, enfatizó Escandón Cadenas.
Por ello, Salazar Estrada, subrayó la importancia de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para reducir aún más el costo económico social y las cargas regulatorias derivados de los trámites y servicios de la administración pública.
El titular de la SEyT, también resaltó que, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR), Chiapas obtuvo avances importantes en la simplificación de trámites y servicios, escalando ocho lugares a nivel nacional. Según la evaluación 2022 en relación con 2020, pasamos del lugar 25 en el ranking nacional al número 17.
En abono a la lucha Anticorrupción, el secretario de Economía y del Trabajo, exhortó a que los Municipios de Chiapas adecúen sus reglamentos municipales y se sumen a la estrategia de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital, en favor de las y los ciudadanos, urgiendo en la necesidad de avanzar en esta ruta a fin de que los actos administrativos del gobierno estatal y de los municipios sean sencillos, accesibles para la ciudadanía y apegados a derecho.
