• Las 44 hectáreas que permanecían invadidas desde 2017 ya fueron entregadas a sus legítimos propietarios.
• La Fiscalía refrenda su firme compromiso para garantizar el Estado de derecho en todo el territorio estatal.
Por: Escena Chiapas/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Fuerzas de seguridad coordinadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron esta mañana una orden judicial de desalojo en el predio de 44 hectáreas denominado Magaly, ubicado en el municipio de Berriozábal, el cual permanecía ocupado de manera ilícita por un grupo aproximado de 200 personas desde 2017, informó en conferencia de prensa el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.
Señaló que el operativo ejecutado con más de mil elementos federales, estatales y municipales, así como con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se llevó a cabo de acuerdo con el Protocolo de Desalojos, con absoluto respeto a los derechos humanos y de manera pacífica.
Resaltó que estos temas se han atendido de manera eficaz en la mesa de seguridad que encabeza todos los días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, junto con autoridades federales, estatales y municipales, con el fin de fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica y la paz en la entidad.
En el lugar de los hechos fueron detenidas en flagrancia 26 personas, quienes fueron presentadas ante el fiscal del Ministerio Público para que les defina su situación jurídica en los términos que marca la ley.
En se sentido, expresó que existen 142 denuncias por el delito de despojo, aunque son 400 las personas agraviadas.
“Aplicar el Estado de derecho, hacer cumplir la ley, no es ningún acto de represión”, puntualizó Llaven Abarca, quien estuvo acompañado por Gabriela Soto Zepeda, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Jordán de Jesús Alegría Orantes, fiscal de
Coordinación; Jesús Ernesto Molina Ramos, fiscal de Derechos Humanos; y Guadalupe López de la Higuera, directora de la Policía Estatal de Turismo y Caminos.
La Fiscalía General del Estado refrenda a las y los chiapanecos su compromiso de garantizar el Estado de derecho, reiterando que no habrá impunidad a ningún delito cometido en territorio estatal.
