• Rodrigo “N” fue ubicado y aprehendido en el municipio de Acapetahua y puesto a disposición del órgano jurisdiccional de San Cristóbal de Las Casas.
• Otros dos implicados ya fueron vinculados a proceso y permanecen internados en el penal número 05.
Por: Escena Chiapas/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Rodrigo “N”, tercer presunto implicado en el hecho que la ley califica como homicidio calificado cometido en agravio de Montserrat Ortiz Gordillo, de 25 años, ocurrido en el tramo carretero Francisco Sarabia (Soyaló)-Chicoasén.
Derivado de los actos de investigación implementados por esta Fiscalía, se logró conocer la identidad de los agresores de Montserrat Ortiz Gordillo, mismos que responden a los nombres de Rodrigo, Celín “N” y Noé “N”, por lo que al contar con datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, el fiscal del Ministerio Público solicitó al Juez de Control de San Cristóbal de Las Casas, orden de aprehensión en contra de dichas personas, misma que fue obsequiada el 17 de mayo de 2019 dentro de la causa penal 53/2019.
Posteriormente, el 25 de mayo se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Celín y Noé “N”, quienes fueron puestos a disposición del Juez de Control, quien al desarrollarse la audiencia inicial les dictó auto de vinculación a proceso y les decretó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que ambas personas permanecen recluidos en el CERSS número 05 de San Cristóbal de Las Casas.
Mientras que mediante un operativo, derivado del trabajo de la Policía Especializada, en las últimas horas se logró la detención de Rodrigo en el municipio de Acapetahua, siendo trasladado de esa ciudad a San Cristóbal de Las Casas para ser puesto a disposición del Juez de la causa con la finalidad de que le resuelva su situación jurídica.
La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, refrenda su serio compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará impune.
