• Helmer Ferras Coutiño destacó las observaciones de la Comisión de Quejas y Denuncias que hace el IEPC, al extinto Cocytech
Por: Escena Chiapas/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
A fin de fomentar la ética y la integridad pública para lograr una mejora constante del entorno y cultura institucional, el titular del Instituto de Ciencia y Tecnología (ICTI), Helmer Ferras Coutiño, tomó protesta a los integrantes del nuevo Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
Ferras Coutiño expresó que este comité, basado en el Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Gobierno del Estado, propiciará la integridad de los servidores públicos y éstos a su vez, implementen acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
El funcionario exhortó a las y los integrantes a encaminarse y manejarse con honradez, honestidad, imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, igualdad, respeto y liderazgo.
El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés se integró por personal del ICTI, como: presidente Martín Berlaín González Alvarado; secretario técnico, Jonathan Vázquez Valencia; como vocales Erick Augusto Archila Moreno, Alberto Burguete Faviel, Sandy Karina Morales Prats y Elvira Eugenia Trujillo Domínguez.
Por otro lado, y derivado de las observaciones de la Comisión de Quejas y Denuncias que hizo el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), al extinto Cocytech, el titular del ICTI destacó estas acciones para que las cuentas sean claras en las nuevas administraciones.
Asimismo, reconoció las decisiones de las y los consejeros del IEPC, al ser minuciosos en la revisión de los ejercicios fiscales -con base en las multas aplicadas a partidos políticos- con las administraciones anteriores, por que debe prevalecer la transparencia para avanzar con honestidad hacia la Cuarta Transformación que las y los chiapanecos merecen.
Es importante destacar que las y los servidores públicos no deben permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad.
